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EDITORIAL

Una nueva esperanza

por Diego Cano
Managing Director FTI Argentina

Hace poco más de un mes, el presidente Macri lanzó un Plan de Modernización del Estado que tiene como eje principal la transparencia. El objetivo declarado de ese plan es ambicioso: colocar a la Argentina entre los diez países con mayor transparencia en el mundo. Esto abre un interrogante central ¿Cuáles son los medios para lograr tal objetivo? La respuesta del gobierno está en las propuestas legislativas que están siendo consideradas:

* Ley de acceso a la información pública.
* Ley de compras públicas como parte de una política de gobierno abierto.
* Ley del arrepentido’, que reduciría las penas a los involucrados en actos de corrupción que aporten datos para llegar a los responsables,
* Ley de recupero de activos para decomisar los bienes producto de la corrupción mediante un trámite que avance en paralelo al desarrollo del juicio penal.
* Finalmente, como parte de las condiciones para insertar al país en la OCDE, se estudia una ley que castigue la corrupción transnacional e incluya la responsabilidad de las personas jurídicas.

Todos estos anuncios son bienvenidos, en la medida en que estas iniciativas legislativas apuntan a aumentar el control y proveer a la justicia de herramientas para avanzar contra la corrupción. Sin embargo, es de esperar que estas iniciativas sean parte de una estrategia de lucha contra la corrupción más amplia y definida, sostenida en la fuerte decisión política de una implementación efectiva de estas leyes y de las existentes.

Para esto el gran problema sigue siendo que la justicia y los organismos que tienen que vigilar su cumplimiento encuentren las condiciones necesarias para cumplir con su tarea. Además de los recursos materiales y humanos, una estrategia completa debería incluir un reordenamiento de las instancias legales, administrativas y jurídicas orientadas a la lucha contra la corrupción, replanteando las funciones de los distintos organismos y articulándolas con el Poder Judicial.

En cuanto a la penalización del soborno transnacional, merecen destacarse las experiencias brasileña y chilena. En el primer caso las sanciones alcanzan a todas las empresas, de cualquier origen, que tengan alguna forma de representación en territorio brasileño y que cometan un acto de corrupción con funcionarios locales o extranjeros. Además, la empresa involucrada se ve afectada sin necesidad de probar que hubo intención de cometer un delito, si no existen en ella procedimientos internos de prevención. En este sentido, en el caso de Chile se contemplan normas de cumplimiento que pueden ser certificadas, brindando la oportunidad a las empresas de deslindar responsabilidades.

Para que el objetivo proclamado se cumpla, las nuevas leyes deben integrar una estrategia que incluya la reorganización de las distintas instancias existentes, eliminando superposiciones y ambigüedades, y formas efectivas de evaluar la responsabilidad de las empresas y su voluntad de combatir la corrupción.

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01 ABR 2016

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