Por Fernando Romero
Inmobidiario – Everyday Real Estate
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Primero fue la estatización (quasi confiscación) de los fondos de las AFJP, pasándolos a manos de la ANSES. La norma que derogó el régimen de las AFJP (votada en el Congreso), puso un tope de 5% de ‘derechos políticos’ para con los representantes del Estado.

Este tope fue ‘liberado’ la semana pasada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Ejecutivo (DNU n° 441), con el objetivo de ampliar la participación del Estado en una veintena de empresas donde la ANSES es accionista.

Los ejecutivos de Molinos (grupo Pérez Companc) rechazaron el aumento de la cantidad de miembros de la ANSES en su directorio. El viernes, el Estado intentó ampliar su participación en Siderar (de grupo Techint), pero el directorio dispuso un ‘cuarto intermedio’ para evitar se concretara la incorporación de los nuevos directores. La empresa confirmó solicitará una medida cautelar hasta tanto se confirme la validez del DNU.

Así están las cosas… Las empresas que financiaron en los ’90 su crecimiento en el mercado de capitales, a través de las AFJPs (tratando de imitar al modelo chileno), pasaron a ser ‘socios’ de la ANSES, y a estar obligados a sentar en su directorio, a funcionarios designados por el gobierno. Algunos todavía recuerdan, que hace 2 años, el ex presidente Kirchner decía en un acto político en el partido de San Martín: ‘argentinos, todos somos dueños de Nordelta’, ya que la ANSES tenía participación accionaria en Consultatio, principal accionista de Nordelta.

En un año electoral ‘caliente’, los empresarios deberán estar preparados para nuevos embates contra la propiedad privada. Lamentablemente el clima de negocios se enrarece, y posterga proyectos inmobiliarios, porque se sabe, muchos de los nuevos emprendimientos tienen como compradores a inversores individuales que esperan tener un panorama más claro, y prefieren esperar hasta octubre…