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EDITORIAL

El empresario que el pas necesita

Dr. Carlos V. Kesman
Economista - Presidente de ACDE Córdoba

INTRODUCCIÓN: La transición política, económica y social

Debemos destacar la compleja situación en que se encuentra nuestra sociedad al darse un período de transición entre dos gobiernos constitucionales de diferente orientación económica, social y política.

Por ello en este proceso  adquiere relevancia la etapa de muy corto plazo que abarca desde Diciembre/2015 a Marzo de 2016 y el resto del presente año desde Abril a Diciembre, teniendo en cuenta los desafíos inmediatos de la nueva conducción de gobierno.

La realidad pre-existente a Diciembre de 2015:

Así, el primer trimestre de 2016 estuvo dominado por la realidad heredada del anterior gobierno: inflación del orden del 25/30%; déficit fiscal récord del orden del 7% del PBI, lo cual implica un valor del nivel de los 35.000 millones de dólares; presupuesto nacional inexistente como Plan Económico Anual para la asignación de los recursos públicos, complementado por el mantenimiento de la emergencia económica que permitió la asignación de importantes fondos públicos por decretos de necesidad y urgencia, sin intervención del Congreso Nacional ; balanza comercial con fuerte caída de exportaciones; pobreza en un nivel del 30%; actividad económica en desaceleración, cercana al estancamiento, fruto de la propia política económica del anterior gobierno;  tres a cuatro años sin creación de nuevo empleo privado como consecuencia de la incertidumbre de la política económica y, paralelamente, aumento indiscriminado del empleo público a todos los niveles de gobierno; mercado informal de trabajo que alcanza el 40% de los ocupados; serios problemas de independencia del Poder Judicial; aislamiento internacional en general y no solución del default que impide el acceso al mercado voluntario de crédito; federalismo relativo con fuerte discriminación entre Estados favoreciendo a provincias del Norte, Sur y Gran Buenos Aires por razones electorales.  A estos aspectos debe agregarse, como asunto grave, la destrucción del INDEC que hizo desaparecer la disposición de un sistema estadístico nacional.

Acciones del Nuevo Gobierno:

Ante semejante herencia recibida, el nuevo gobierno actuó sobre algunas variables claves, como el tipo de cambio, eliminando el llamado “cepo cambiario”, actualizando el valor de la divisa y eliminando retenciones a algunas commodities, para retomar el criterio de no exportar impuestos que se admite como condición necesaria en el comercio internacional. Paralelamente, reinició rápidamente la negociación con los “fondos buitre”. Estas medidas generaron beneficios a los sectores empresarios y aumentos de costos a la canasta básica de alimentos,  activando la expectativa inflacionaria, adicionalmente a la que se heredaba de la anterior gestión.

Este fenómeno debe ser tenido en cuenta en el muy corto plazo, y sobre todo hasta Julio de 2016, período donde las medidas de ordenamiento macro del gobierno tendrán un doble efecto: mejorarán las finanzas públicas y harán caer la emisión monetaria, pero, paralelamente, provocarán una inflación de costos. Adicionalmente, se reconocieron algunos derechos de los Estados federales.

En el tránsito del muy corto plazo se dio una ”inflación de expectativa”, por la cual el sector empresario aumentó unilateralmente los precios.  De este modo, la expectativa inflacionaria aumentó en el corto plazo (hasta Abril).  Atendiendo a que las paritarias aún no se concretaron, en el primer trimestre del año 2016 hubo un deterioro del salario real y aumento de la pobreza.

Déficit fiscal e inflación:

Para iniciar el control del déficit fiscal, la nueva conducción económica redujo en parte los subsidios a varios servicios y los combustibles, motivando aumentos de precios en esos bienes y servicios y generando o contribuyendo, adicionalmente a lo heredado, a una inflación de costos.  Este movimiento en la política económica es la contracara de reducir el déficit fiscal como causa de la inflación, pero, a fin de que en la segunda parte del año la tasa mensual de inflación sea más reducida, tal como propone el Gobierno Nacional, deberían no repetirse los aumentos en los precios de los servicios, por lo menos por este año 2016. Aunque ello  dependerá de la meta que el gobierno se fije en materia de déficit fiscal y, pensando que la tasa de inflación debería reducirse en la segunda parte de 2016, al aumentar los salarios nominales por las paritarias, lograrse un mayor equilibrio precios-salarios.

La reducción del déficit fiscal marcará, a su vez, el ritmo al cual caerá el financiamiento del Banco Central, reduciendo la emisión monetaria y la colocación de letras para esterilizar su efecto inflacionario.  Este mecanismo, que por sí mismo requiere de elevadas tasas de interés, complica el funcionamiento del aparato productivo y hace que la banca se concentre en el financiamiento del sector público. Este esquema debería ser superado paulatinamente, aunque, al haberse adoptado una política gradualista, nos acompañará, en principio, hasta el 2019, pero, esperemos, a tasas  claramente decrecientes.

Atención a los sectores más desprotegidos en el corto plazo:

Ante la escapada de precios, tanto por la inercia anterior, como por los ajustes de tarifas y, también, por la inflación de expectativas o de utilidades de las empresas, en cuanto a los ingresos de la población,  el nuevo gobierno privilegió a los sectores más desfavorecidos y a los asalariados de más bajos ingresos, con medidas referidas al aumento de varios subsidios (haciéndolos más abarcativos y aumentando su nivel),  reducción del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (donde queda pendiente el tema de las escalas progresivas del referido impuesto), y el alcance del salario familiar.

En cuanto al resto de los trabajadores, se espera para el período iniciado en Mayo, el funcionamiento de las paritarias para restablecer la relación precios-salarios para todo el 2016 y parte del 2017.

Abril-Diciembre de 2016: Etapa clave para la verificación en la práctica de la propuesta gradual:

Siempre manteniendo el análisis en una perspectiva de muy corto plazo, en la etapa Abril a Diciembre de 2016, la política económica y social se centra  en el papel que jugarán las paritarias para regular la expectativa precios-salarios  y en el cierre del conflicto internacional generado por el default, de tal forma de permitir acceder, nuevamente, luego de 14 años, al mercado voluntario de capitales.

Habiéndose  concretado la semana del 18 de Abril el arreglo final con los “fondos buitre” y siendo así posible retomar los pagos a los bonistas de las anteriores rondas, hasta ahora impedido por las resoluciones del Juez de Nueva York y que han sido levantadas, el Gobierno inicia una nueva etapa en su plan de corto plazo durante el 2016: acceder al financiamiento del mercado financiero mundial, tanto para el Gobierno  Nacional como, también, para provincias, municipios y empresas privadas.

Agotada la etapa más crítica que va de Diciembre de 2015 a Marzo de 2016, en el mes de Abril se adelantaron medidas reactivadoras como son los planes de vivienda y obra pública  y apoyos a áreas críticas provinciales con motivo de crisis climáticas.

Visto los impactos de corto plazo de la herencia recibida como de las medidas de  ajuste macroeconómico del actual gobierno, se deduce que el proceso de ordenamiento, dentro de la estrategia gradualista adoptada, debería adquirir una mayor dimensión, profundidad y claridad en la etapa Mayo- Diciembre del presente año 2016.

El gradualismo como estrategia: La mira puesta  en el 2019.

Diríamos que así se arriba a Mayo de 2016, donde debe llamarse la atención sobre la evolución y dinámica del proceso Mayo-Diciembre de 2016. Aquí jugará un papel clave la decisión estratégica del nuevo gobierno respecto a actuar en forma gradual y no de shock.

Adoptado este camino para la praxis de la política económica y según expresiones del Sr. Ministro del Interior (Rogelio Frigerio), la estrategia del gobierno será un proceso gradual y tratará de llegar a déficit fiscal cero y a una inflación de un dígito al cabo de los cuatro años de gobierno, es decir, a fines de 2019.

En base a esta visión  de la política económica, en cuanto a déficit fiscal e inflación, compartiremos con  “algo” de cada una de ellas durante todo el período presidencial de Mauricio Macri,  hasta lograr la meta al cabo de 2019, siempre que la política sea efectiva y logre los resultados esperados. Esta observación es importante, ya que por las restricciones que la misma plantea,  quiere decir que a medida que pasa el tiempo, no rápido, la tasa de interés (ahora en el 37% anual a Mayo de 2016) debería ir bajando, el crédito a la empresa privada aumentando y la inflación cediendo paulatinamente, sentando así  las bases para iniciar la reactivación productiva y generación de empleo digno en  la segunda parte del año.  Esta sería la dinámica prevista, progresivamente, para la economía y la sociedad hasta el 2019, según la estrategia lanzada por el actual gobierno.

El empresario en la Argentina 2016:

En este ambiente económico  complejo, se dificulta toda la tarea a cargo del empresario, que en nuestro país afronta décadas de reglas de juego inestables, falta de crédito a costos competitivos, cierres y apertura de la economía, alta presión fiscal y fuerte intervencionismo estatal, conjunto de factores negativos que limitan y condicionan el ejercicio del riesgo empresario y el funcionamiento de mercados abiertos y transparentes  para coordinar la actividad productiva,  los que es necesario se presenten como de fácil acceso y en un marco de defensa de la competencia y del consumidor, tanto a nivel doméstico como internacional.

En esta etapa de transición de muy corto plazo  en la que nos encontramos en cuanto a la orientación de la política económica y social, ACDE considera que el empresario necesita y debe requerir por vía de sus instituciones representativas, reglas de juego estables y transparentes dentro de las cuales se le facilite el ejercicio de su Responsabilidad Social Empresarial.

Ante el panorama económico-social descripto, que plantea desafíos y compromete nuestro futuro como sociedad, ACDE desea  recordar un principio medular para orientar la organización de toda sociedad y la actividad productiva en particular, como es el PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.

Este principio tiene una definición doctrinaria en el sentido de que las sociedades mayores no deben dificultar la actividad y fines de las organizaciones intermedias, sino orientarlas y favorecerlas en su desarrollo pero no sustituirlas.

Paralelamente, el principio de subsidiariedad, objetivamente, requiere que entre el Estado, la mayor sociedad reconocida, y las sociedades intermedias, como es el caso de las empresas privadas, se acuerde una división de funciones en forma transparente y estable, de tal forma que se concrete una vertebración público-privada en función del bien común de la sociedad.

El intervencionismo estatal y el capitalismo de amigos:

Debe reconocerse que el intervencionismo estatal  generalizado, que distorsiona el funcionamiento de los mercados y el ejercicio del riesgo empresario, instituyendo un capitalismo de amigos cercanos al poder político, condiciona la libre iniciativa y deteriora la entrada de nuevos emprendedores que tienen como principal activo su inventiva, el descubrimiento de nuevos negocios y la inversión de riesgo.

Con el intervencionismo sin límites y discrecional y el capitalismo de amigos, se promueven empresarios que dependen del lobby y no de la eficiencia y la productividad, afectando el bienestar general por la falta de calidad competitiva y altos precios, lo que impacta negativamente en el poder adquisitivo de los salarios y no solamente en una política de ingresos para los asalariados sino, sobre todo, en iniciativas redistributivas de ingresos y reducción de las desigualdades.

Cualidades empresariales necesarias como respuesta a los desafíos de esta nueva etapa en Argentina:

Dada la actual realidad económica y social de nuestro país, ACDE Córdoba quiere destacar  las cualidades empresariales a promover según la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe (CELAM):

“A los empresarios que dirigen las grandes y pequeñas empresas y a los microempresarios, como a los agentes económicos de la gestión productiva y comercial, tanto del orden privado como comunitario, los alentamos por:

  • Ser creadores de riqueza en nuestras naciones
  • Generar empleo digno
  • Invertir su capital en aumentar la producción y crear fuentes de trabajo
  • Preocuparse por sus trabajadores, considerando a ellos y a su familia la mayor riqueza de la empresa
  • Facilitar la democracia
  • Promover la aspiración de una sociedad justa
  • Apoyar una convivencia ciudadana con bienestar y paz
  • Colaborar con los gobiernos en el logro del bien común
  • Prodigarse en obras de solidaridad y atención de los excluidos
  • Asumir con responsabilidad privada y social su presencia en instituciones gremiales empresarias”.

En base a lo propuesto por el CELAM, el empresario debe estar atento a cumplir con su responsabilidad primaria, como es lograr salvaguardar la permanencia de la actividad productiva, generar excedentes en base a utilidades legítimas, reinvertir, crecer y aumentar el empleo digno.

Pero, el CELAM propone, claramente, que el empresario debe estar comprometido con la empresa y con la sociedad, ya que ocupa y desempeña una posición privilegiada, al ser el vértice que coordina y discrimina  la asignación de recursos para la organización de la producción, determinando cantidad, calidad y precios de los mismos como de los bienes y servicios producidos.

Responsabilidad del “empresario indirecto”:

En una economía basada en la libre iniciativa, a partir de reconocer que el derecho a la actividad económica es un derecho del hombre y no del Estado, para que el empresario privado pueda cumplir con su responsabilidad privada y social, lo que Juan Pablo II llama el “empresario indirecto” (Estado, sindicatos, leyes y normas reguladoras, usos y costumbres de la sociedad) que condiciona la libre iniciativa empresarial, debe establecer reglas de juego estables y transparentes de largo plazo en lo monetario, fiscal, cambiario, inflacionario y de inserción internacional.

Todo ello, como ya se planteara, según el principio de subsidiariedad y en el marco de una vertebración público-privada en función del bien común.

Por todo lo anterior, cuando los empresarios dan lugar a conductas consideradas “antisociales” - como aumentar los precios sin relación con los costos,  despidos injustificados o desabastecimiento especulativo- cabe preguntarse si esas conductas se ven “obligadas” por la necesidad de su “supervivencia económica”, ante la falta de reglas de juego estables y transparentes que deberían establecerse por parte del “empresario indirecto” o el “poder político y otros actores sociales” que no han ejercido su necesaria responsabilidad social.

Cortoplacismo electoralista y reglas de juego inestables: Papel de las Entidades empresarias

Si el empresario debe tomar decisiones en un ambiente económico dominado por el cortoplacismo electoralista y la volatilidad de las reglas de juego, cabe preguntarse ¿Cómo debe ser analizada su responsabilidad social?

Resulta, entonces, que en nuestro país la conducta empresaria está fuertemente condicionada por el “empresario indirecto” y los otros actores sociales que no generan las reglas de juego estables y transparentes que son la CONDICIÓN NECESARIA para que, entonces, la sociedad toda pueda analizar las responsabilidades de las partes.

Por ello, para que el empresario pueda asumir su responsabilidad privada y social, según como lo propone el CELAM en el documento de APARECIDA, debemos plantear el cumplimiento, por parte de la sociedad, de políticas públicas que prioricen el bien común y, en función del principio de subsidiariedad, establezcan estrategias sociales democráticas y participativas.  Dentro de ellas se podrá analizar el papel privado y social del empresariado nacional.

Ante esta necesidad,  para lograr el desarrollo económico y social sustentable, es necesario plantear un renovado rol por parte de las entidades empresarias, las que deberían tomar como objetivo  central el proponer políticas públicas que faciliten el rol privado y social del empresario, sentando las bases de una relación con el Poder Político y el resto de los actores sociales, que conlleven a un código de ética empresario. Ello  como resultado natural de una sociedad que tiene claro sus objetivos de largo plazo que lleven a una sociedad con justicia distributiva. Esta justicia sobrevendrá como resultado del dominio de la naturaleza a cargo del empresario, para poner los bienes y servicios a disposición de la sociedad toda  y  lograr así la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, con elevado empleo digno y pobreza mínima.

Copyright - Derechos Reservados
27 JUN 2016

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