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CARTAS| URBANISMO

La gran deuda con el Desarrollo Urbano

Por Arq. Juan Diego Álvarez Rivero
jdalvarezrivero@gmail.com

‘La gran deuda del Municipio con los Cordobeses y con el Desarrollo Urbano de la ciudad’

El Artículo 186 de la Constitución Provincial, delega en los gobiernos municipales, la competencia material en la política de regulación y coordinación del Desarrollo Urbano y Edilicio de las ciudades.

En consonancia con este Poder delegado, es facultad del Municipio (poderes-deberes), la de Planificar el Desarrollo Urbano atendiendo las necesidades de los vecinos y la integración de actividades que forman parte del quehacer ciudadano (art. 27.1 Carta Orgánica).

Así, con la intervención de su Cuerpo Legislativo (Consejo Deliberante), dicta las Ordenanzas Urbanísticas de Zonificación, Uso y Ocupación del Suelo, que constituyen el “Código Urbanístico” cuyo objetivo es la racionalización de Localizaciones y distribución de Actividades dentro del espacio urbano constituyendo el derecho objetivo de observancia obligatoria para el gobierno local y los ciudadanos.

La racionalización de las Localizaciones y la adecuada distribución de las actividades dentro de la trama urbana, garantizan a los ciudadanos el goce de un medio ambiente sano, que comprende el de vivir en un ambiente físico y social, libre de factores nocivos para la salud y a valores estéticos en asentamientos humanos dignos (art. 66 Constitución Provincial) y a la vez facilitan al Gobierno una correcta Planificación, Administración y prestación de los servicios a su cargo, por los que percibe como contraprestación las tasas y tributos que cobra a los vecinos.

El “Código Urbanístico” vigente, es decir el conjunto de Ordenanzas que regulan el Uso y Ocupación del Suelo, define los parámetros de ocupación de Uso del Suelo Urbano y de los Edificios y Espacios Públicos y/ó Privados que consolidan la trama, definiendo Autoridades responsables del control de su cumplimiento ó “Autoridad de Aplicación”, que en tal carácter debe controlar, cumplir y hacer cumplir la normativa ejerciendo el “Poder de Policía” ante las violaciones a la misma.

Lamentablemente, históricamente vemos a diario el permanente deterioro de nuestra ciudad, ante una Autoridad que observa pasivamente las transgresiones de todo tipo llevadas adelante ó por inescrupulosos con un desmedido afán de lucro, por ignorancia, ó por interpretaciones erróneas del cuadro normativo. Esto, sin dudas es grave, violaciones de altura límite, de retiros, de funcionalidad, de tipologías edilicias, que se consolidan a la vista de todos y ante la pasividad del estado que debe controlar. Pero mucho mas grave resulta, cuando esa Autoridad, visa presentaciones como “en condiciones”, “aprueba” proyectos y “otorga” finales de obra, localizaciones, etc. contrariando las normas.

Es cierto que el Municipio tiene facultades para proponer a su cuerpo legislativo las modificaciones que considere necesarias que adapten las normas a nuevos requerimientos ó necesidades de la población ó de la Administración, pero nunca pudo arrogarse facultades legislativas, ni le fueron delegadas éstas para modificar por la vía de los hechos el Uso del Suelo Urbano previsto como ha sucedido, ya que tal accionar se aparta del derecho objetivo de obligatoria observancia, modificando las condiciones de vida de los individuos (ciudadanos) y afectando derechos de raigambre constitucional y legal y eludiendo la responsabilidad constitucionalmente delegada.

Tal accionar, contrario a las normas, resulta un grave incumplimiento de los deberes a su cargo, que recae sobre la Autoridad de Aplicación (funcionarios y empleados a cargo del trámite) y políticamente sobre el Intendente, Vice-intendente, Concejales, miembros del Tribunal de Cuentas y demás funcionarios tal como determina la Carta Orgánica (art. 22).

Ciertamente también tenemos una cuota importante de responsabilidad de los profesionales de la materia en cada caso, quienes asumimos el deber de respetar y de hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en los actos de la profesión.

Resulta difícil revertir en los hechos algunos (no todos) de estos abusos, pero la mecánica de restauración nunca puede ser “legalizar” con normas de excepción, lo que evidentemente resulta ilegal, ya que así solamente se debilita la vigencia efectiva del derecho, se facilitan las prácticas incalificables y por ende, la continuidad indefinida de los abusos.

Todos estos apartamientos diseminados por la ciudad perjudican a la ciudadanía toda y de ser convalidados por nuevas normas ó modificaciones a las vigentes, solo benefician a los incumplidores manteniendo el perjuicio sobre los demás ciudadanos.

El cumplimiento del Código Urbanístico vigente es una acción (deber) que el Municipio debe encarar de manera Urgente. Esta es una gran deuda del estado para con los ciudadanos, solo así podremos gozar del derecho al ambiente sano y al desarrollo sustentable (art. 9 Carta Orgánica), adecuado a las necesidades de todos.

Esta acción, a diferencia de otros SERVICIOS PUBLICOS a cargo del Estado Municipal incumplidos a diario, no requiere de mayores erogaciones, por lo que su implementación está al alcance de la mano de cualquier Administración.

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03 MAR 2013

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